Los deslindes del Gobierno afectan ya a 61 kilómetros de costa valenciana

Según la documentación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, las 21 actuaciones relacionadas con los deslindes del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) en la región suman ya una extensión de 60.740 metros. Con tal de dimensionar la magnitud de la afección que representa esta superficie, sería equivalente a que toda la distancia costera existente entre el hotel Las Arenas de Valencia y Burriana, si se va hacia el norte, o la ruta que discurre desde el inicio de la playa de Pinedo en la desembocadura del Plan Sur hasta Gandia, si se va hacia el sur, estuviera afectada por un deslinde en su conjunto.

Los cambios de demarcación marítimo-terrestres de los últimos años han tenido especial incidencia sobre la provincia de Valencia, pues registra prácticamente la mitad de la cifra global tanto de actuaciones como de superficie afectada con 12 cambios y 30.342 metros implicados. Castellón con seis actuaciones que representan 16.598 metros se coloca en segunda posición mientras que Alicante cuenta con la particularidad de que los 13.800 metros de afección que tiene su costa se concentra de manera íntegra en las tres modificaciones planteadas por el Miteco en Dénia. Es más, en la capital de la Marina Alta se han producido movilizaciones masivas de centenares de personas contra esta política del área dirigida por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y donde la Generalitat ha recurrido la actuación del Ejecutivo sobre Les Deveses.

Los expertos consultados por LAS PROVINCIAS acerca de los motivos que provocan que la mayor cantidad de afección de deslindes se registre en Valencia ciñen sus explicaciones a razones geográficas y topográficas. El litoral valenciano cuenta con una orografía en la que predominan las playas y, por ende, la arena que forma su suelo se ve más expuesta a la erosión, fenómeno agravado por el cambio climático; mientras que la costa alicantina y castellonense presenta un relieve más escarpado dado que los arenales se alternan con una elevada presencia de acantilados. Entre otros motivos, no resulta casual que la actuación de mayor envergadura en lo que a metros de dominio corridos se refiere se haya llevado a cabo en Valencia con 12.000 metros, seguida de otra de 10.235 metros acometida entre Torreblanca y Cabanes.

A modo de radiografía, hasta la fecha, de la veintena de deslindes proyectados en la Comunitat sólo se han aprobado cuatro; tres se encuentran en apeo, es decir, la fase previa a su aprobación en la que se confirma el trazado definitivo de por dónde van a discurrir las nuevas demarcaciones; cinco se encuentran en periodo de audiencia pública, conocida por ser la etapa en la que una gran variedad de actores implicados pueden presentar alegaciones al planteamiento provisional de Costas; por último, nueve de los proyectos, la mayoría del total, se encuentran incoados y en información pública, momento en el que se acota la presentación de propuestas únicamente a los afectados más directamente por esta medida.

A expensas de que entre en vigor la ambiciosa ley de Costas valenciana para dar seguridad jurídica, proteger el patrimonio cultural, ordenar y conjugar las distintas actividades económicas con la protección del litoral, la batalla judicial por los deslindes seguirá latente. Eso sí, habrá que esperar para saber si el Gobierno recurre la normativa ante el Tribunal Constitucional al entender que la Generalitat estaría asumiendo competencias estatales en materia costera. Sin embargo, cabe recordar que existe un precedente con la normativa autonómica gallega, similar al proyecto del Consell, que sí fue avalada por el Ejecutivo sin recurso judicial mediante.

La ley de Costas valenciana reservará la potestad para que se la propia Generalitat, previa solicitud del ayuntamiento del municipio sobre el que se haya proyectado un deslinde, la que pueda declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos para excluirlos de la afección del cambio de dominio sin haber sido categorizados como bienes protegidos con anterioridad a la modificación de demarcaciones.

La normativa será de aplicación para todos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales o bien integrados en actividades económicas tradicionales, que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, incluyendo los propios del patrimonio cultural inmaterial, así como que aquellos que formen parte del entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de los valores propios del patrimonio cultural, histórico o etnológico.

Asimismo, para los bienes que sean declarados bajo esta protección se podrán aprobar planes especiales con la descripción del ámbito espacial objeto de ordenación, que abarcará el estricto espacio que ocupe el núcleo; el estudio de resiliencia frente al cambio climático; el análisis del sector turístico y, en su caso, establecimiento de objetivos de calidad y sostenibilidad; las limitaciones a las modificaciones constructivas y la prohibición de nuevas edificaciones o el aumento de la volumetría de las existentes; la formulación, en su caso, de los programas de inversiones públicas vinculadas al adecuado mantenimiento de los núcleos y las obligaciones de conservación de quienes ostenten derechos sobre bienes en ellos incluidos.

Por último, las consellerias competentes en materia de litoral y de patrimonio cultural impulsarán la suscripción de convenios con el Estado para garantizar la preservación de estos núcleos cuando estos se encuentren en terreno del dominio marítimo-terrestre. De hecho, cuando se encuentren dentro de los límites, Medio Ambiente será el área encargada de llevar a cabo los estudios pertinentes para determinar si los bienes afectados conservan o no las características propias de los bienes integrantes de dicho demanio. En caso de no ser así, la Generalitat instará al Gobierno a que los desafecte.