La guerra arancelaria de Trump golpea a más de 8.500 empresas valencianas

Para la Comunitat, EE UU es el principal socio comercial fuera de la Unión Europea y, además, es cuarto destino de las ventas exteriores de bienes y quinto proveedor. Aunque hubo un retroceso de casi un 15% respecto a 2023, el año pasado las empresas valencianas exportaron productos por valor de 2.850 millones, con aparatos y material eléctrico, cerámica, calzado, agroalimentación y componentes del automóvil ocupando los primeros lugares.

Según un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, más de 8.500 empresas de la Comunitat tienen relaciones comerciales con este país, es decir exportan e importan, y fueron cerca de 4.300 las que realizaron ventas el año pasado. Además, hay otras 150 compañías implantadas en este mercado y otras que tienen proyectos en cartera, como el caso de Power Electronics que tiene prevista la construcción de una factoría en Houston y que el pasado enero aseguró que su planta de Llíria podría perder el 60% de la producción en favor de la estadounidense en caso de imponerse aranceles. En este sentido, la compañía ayer no realizó ninguna declaración.

Entre los sectores más expuestos, la cerámica, ya que EE UU es el primer país destino de las exportaciones, con un 13,5% de cuota del total de la ventas externas de baldosas españolas y casi el 10% de la facturación. «Es todavía muy precipitado tratar de cuantificar el impacto», asegura el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría (uno de los presentes en la reunión con el Gobierno central), que también hay incógnitas «sobre si habrán excepciones o si habrá un margen para negociar» hasta el 9 de abril, fecha de la entrada en vigor.

Desde el metal, además de insistir en la necesidad de negociar y de estudiar nuevos aliados estratégicos a nivel global, el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, remarca que la imposición de aranceles «va siempre en detrimento de la actividad económica e induce a la inflación, y eso nunca es positiva». Además, pone el foco de la preocupación en el impacto en la automoción y en su industria auxiliar porque «no van a poder repercutir el incremento del coste derivado de la imposición de aranceles a sus fabricantes de equipos originales, con quienes tienen precios cerrados con antelación».

De precios habla también el sector agroalimentario (sus ventas a EE UU alcanzaron los 366 millones el año pasado, el 13% del total en la Comunitat), en concreto AVA-Asaja, cuyo presidente, Cristóbal Aguado, advierte de que la decisión de Trump «va a traducirse en un aumento de los precios de los alimentos» y en una pérdida de competitividad. Además, el sector puede sufrir «pérdidas indirectas en caso de que productos de otros países que hasta ahora iban a Estados Unidos se conviertan en una competencia, en muchos casos desleal, para los productos valencianos».

AVA-Asaja, al igual que La Unió Llauradora, reclama reciprocidad en la respuesta de la UE. Y su secretario general, Carles Peris, pone un ejemplo: «Uno de los productos que hay que gravar por la afección en la Comunitat, entre otros, es la almendra importada por las grandes empresas turroneras o nueces de EE UU».

El secretario general de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova), Sergio Barona, también ha reconocido que aunque es «temprano» para evaluar el impacto de los aranceles impuestos en la industria agroalimentaria valenciana, «l incertidumbre ha despertado inquietud en algunas empresas, particularmente en aquellas dedicadas a la exportación de vino, aceitunas y aceite».

Desde el calzado, que tiene a EE UU como mercado estratégico al ser primer destino extracomunitario en ventas, el presidente de Avecal, Vicente Pastor, recuerda que las guerras comerciales generan «incertidumbre en los mercados y las empresas necesitan un entorno estable para operar con seguridad y continuar su expansión internacional». «A la espera de conocer los detalles específicos sobre la aplicación de los nuevos aranceles, todo apunta a que el incremento puede provocar una contracción del consumo», señala.

También se ha pronunciado la organización de autónomos UPTA, que reclama que no se deje fuera de los mecanismos de protección a este colectivo pues muchos «dependen directa o indirectamente de las relaciones comerciales con Estados Unidos y, por tanto, se verán gravemente afectados por estas medidas proteccionistas».

Y la OCU, que ha advertido de una probable subida generalizada de los precios «que empobrecería a todos los consumidores» y retrasos en las entregas y escasez temporal de productos.