Argüeso, la primera fricción entre la Fiscalía y la jueza de la dana

Una imputación, la de Argüeso, que, a ojos del Ministerio Fiscal, no va más allá del cargo que tiene, porque la máxima responsable de la situación, como así se han encargado de ratificar en su último informe, es la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas.

Argüeso compareció y declaró como imputado cuando existía un informe anterior -se conoció ayer al mismo tiempo que estaba en la Ciudad de la Justicia- en el que desde la Fiscalía se defendía su 'desimputación' por no ser, entre otras cosas, el máximo responsable de la gestión vivida en la tarde de la riada.

En privado, algunas fuentes han censurado, al menos, el tono y el estilo de la redacción de la magistrada en sus autos, y hechos como el de Argüeso, según las mismas fuentes, ratifican la sensación transmitida fuera de los micrófonos. Los autos de la magistrada Ruiz Tobarra se han mirado con lupa, especialmente por las partes afectadas, que consideran que el lenguaje utilizado no se ajusta al proceso de la instrucción por el que se transita en estos momentos. La posición de la acusación pública llena de argumentos a los que están anclados en una postura que defiende que que la jueza marcha a una velocidad superior.

La distancia entre la magistrada y la Fiscalía, que ejerce como acusación pública, es patente en algunos puntos en un caso que se va a alargar durante los próximos meses. Resulta sintomático que haya una disparidad de criterio tan flagrante en el caso del número dos de Emergencias, al que desde un principio se ha señalado como uno de los responsables de la mala gestión pública en la tarde de la dana y por eso mantiene la condición de imputado.

Esta disparidad es la más evidente entre el criterio de la jueza de Catarroja y el ministerio fiscal, aunque a finales de febrero ya se conoció alguna diferencia entre las dos partes. La Fiscalía pidió que la Guardia Civil realizara un informe sobre los hechos del pasado 29 de octubre y la posible comisión de «ilícitos penales por parte de las personas con competencia para adoptar posibles decisiones y/o medidas». La jueza rechazó la solicitud al creer que la «necesaria toma de declaraciones por los partícipes en sede policial chocaría con la propia investigación judicial». El informe que pidió la Fiscalía quedó en un mero informe cronológico de los hechos ocurridos el 29 de octubre.

En cambio, en el papel de Salomé Pradas, la titular del área de Emergencias el día de la dana y que compareció como imputada el viernes, la posición de las dos partes es sólida. La exconsellera aludió a su falta de experiencia y argumentó que ella no estaba al frente del operativo, una posición que no comparten ni la jueza ni el ministerio público.

Pradas recurrió su imputación y el ministerio público ha pedido a la Audiencia que desestime el recurso de la exdirigente y mantenga su condición de investigada en el procedimiento.

Tras la declaración del Argüeso y conocerse la postura del ministerio público, habrá que ver qué decide la sección Segunda de la Audiencia. Una decisión favorable al exsecretario autonómica de Emergencias dejaría a la exconsellera Salomé Pradas como una investigada en el caso de la dana.