El juez imputa al exalcalde Ribó por la construcción de una piscina en Alboraia

Respecto a la comparecencia de la eurodiputada, el titular considera que resulta prematura su citación y resuelve esperar a la evolución de otras diligencias. Una imputación de la exvicealcaldesa haría que el juzgado perdiera la competencia. Tendría que plantearse trasladar el caso al Tribunal Supremo.

La polémica radica en la construcción de esta infraestructura en un terreno propiedad del municipio más pequeño, pero integrado en el término municipal de Valencia. No se pidió ningún tipo de autorización y, además, el suelo no urbanizable contaba con una garantía adicional al tratarse de huerta protegida.

La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular, está presidida por María Ángeles López, exalcaldesa de Catarroja y el abogado es Víctor Soriano, asesor del PP en el Senado. Fueron ellos quienes pidieron estas diligencias que el juzgado ha aceptado parcialmente. Pero el caso comenzó a raíz de la denuncia del abogado Mateo Castellá en Fiscalía. En esas diligencias, todavía en fase prejudicial, el Ayuntamiento de Alboraia señaló que la instalación deportiva se encuentra en un terreno «no urbanizable, agrícola y con calificación de protección como huerta.

La piscina costó 1,2 millones de euros y se ubica junto al campo de fútbol. Se edificó sin licencia de obras ni ambiental, según se desprende de las actuaciones. Y, además, tal y como reconoció el propio Consistorio, en suelo no urbanizable al tratarse de huerta protegida. Los denunciantes apuntaron en su momento que los ediles de Alboraia habrían cometido un delito contra la ordenación del territorio.

Pero a lo anterior también añaden que la responsabilidad del Ayuntamiento consiste en no haber abierto un expediente para restaurar la legalidad y tampoco un expediente sancionador para castigar esa conducta. De ahí, en teoría, se ha derivado la imputación de los dos exdirigentes del Ayuntamiento.

Ribó fue alcalde de Valencia entre 2015 y 2023. Su llegada se produjo en un momento convulso para la ciudad porque por primera vez el Ayuntamiento se había visto salpicado por la corrupción en el PP. Tuvo dos legislaturas, siempre con el pacto del gobierno con el PSPV. Pese a algunas tensiones con sus socios -quizá de menor calado que las que se repetían en el Consell- obtuvo una segunda legislatura. Todavía se presentó a una tercera ante la falta de candidatos con solera en la coalición nacionalista. Y eso pese a que él ya pensaba en la jubilación. Ahora, este problema judicial parece salpicar una apacible retirada tras una despedida sin polémicas y respetuosa con su sucesora, María José Catalá.