El Consell aprovecha la reunión de la deuda para volver a exigir el extra FLA

La cita telemática llegaba tras el plante de todas las CCAA del PP en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), precisamente para trasladar el rechazo de esas autonomías a la propuesta de quita de deuda pactada por el Gobierno de Sánchez con los independentistas catalanes -el primero que concretó la quita de deuda fue el líder de ERC Oriol Junqueras-.

Hace pocas semanas, ya en la ronda de reuniones técnicas para abordar las condiciones de esa quita, los representantes de la Junta de Andalucía apenas sí que se reunieron durante cinco minutos con los representantes del ministerio. De hecho, hasta se llegó a revelar que la consigna de todos los gobiernos regionales populares era la de repetir el plante al departamento que dirige María Jesús Montero.

Los representantes del Gobierno valenciano, con el secretario autonómico de Hacienda y Financiación Eusebio Monzó a la cabeza, no siguieron ese guion. Sobre la quita de la deuda se habló «unos minutos», según fuentes de la conselleria de Hacienda. Porque el resto del tiempo, se explicó, se dedicó a que el Consell volviera a detallar el catálogo de reivindicaciones que plantea al ministerio de Hacienda para solventar la asfixia financiera que arrastra. Exigencias que en ningún caso se resolverían con una quita de la deuda de 11.210 millones de euros, que es la cifra que el ministerio ofrece como condonación a la Comunitat Valenciana. «No vamos a blanquear los acuerdos con el independentismo», se señala.

Por contra, Monzó puso el acento en las muchas medidas y frentes que el Consell considera que el Gobierno debería de abordar antes que esa condonación de la deuda.

Entre ellas, como se ha repetido en tantísimas ocasiones, el proceso para reformar el sistema de financiación autonómica. Un modelo, el actual, aprobado en 2009 y caducado desde el 1 de enero de 2014, hace ya más de 11 años y que deja a la Comunitat Valenciana como la peor financiada, en términos per cápita, de todas las del régimen común. Una inafrafinanciación que se suma a la ya arrastrada desde 2002, con el modelo aprobado entonces por el PP que también dejaba a la Comunitat Valenciana a la cola de todas las autonomías. Casi 25 años de maltrato financiero hacia una región, que ha contribuido a lastrar sus cuentas públicas, a necrosar sus datos de deuda pública –más de 60.000 millones de euros– y a convertir en casi ingobernables las cuentas regionales.

Monzó ha vuelto a reivindicar la reforma de la financiación, al igual que ese fondo de nivelación transitorio que equipare a las cuatro autonomías infrafinanciadas -junto a la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha- con la media de las CCAA del régimen común hasta que se apruebe el nuevo modelo.

Pero esas son las exigencias tradicionales. Monzó ha aprovechado la reunión para exigir a los representantes del ministerio de Hacienda la activación del FLA extraordinario, el fondo con el que el departamento de Montero venía atendiendo el exceso de déficit de las CCAA. Un mecanismo suprimido para 2025 y que sitúa a la Comunitat Valenciana en una posición más que delicada, con riesgo real de impagos a sus proveedores.

Los responsables de la conselleria de Hacienda ya han denunciado en algunas ocasión que el Gobierno de Sánchez trata de asfixiar a la Comunitat Valenciana en términos financieros. La supresión del extra FLA es probablemente la medida que mejor explicita ese falta de apoyo financiero a la región. El jefe del Consell, Carlos Mazón, se dirigió por carta a Pedro Sánchez para solicitarle la activación de ese mecanismo extraordinario. Y la respuesta del presidente del Gobierno fue emplazarle a lograr que el PP votara los objetivos de estabilidad presupuestaria de los próximos ejercicios.

Pero no es la única. El departamento de Ruth Merino se ha dirigido en diversas ocasiones al ministerio de Hacienda para reclamar recursos a fondo perdido para atender los gastos de la dana. La respuesta del departamento de Merino ha sido justificarse en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE). El ministerio, en cambio, sí que ha dado luz verde a que la Comunitat Valenciana engorde su nivel de deuda pública.