Un exmagistrado del Supremo: «Las obras hidráulicas salvan vidas»

En esta línea, De esta manera, Orduña Moreno ha reclamado obras públicas como las del barranco del Poyo, con las que «la magnitud de la catástrofe hubiese sido muchísimo menor». «Sirven para salvar vidas, y también quiero señalar que los ciudadanos, mis conciudadanos de la zona afectada, tienen también el derecho a vivir tranquilamente», ha destacado.

Ha opinado que la responsabilidad en la carencia de estas obras hídricas es del Estado. «Insto a que se hagan las obras. Son obras vitales. La principal ayuda es hacerlas porque en caso contrario las poblaciones no van a tener seguridad», ha apuntado. En esta línea, el catedrático de Derecho Civil ha recordado que las infraestructuras «trabajan 24 horas al día durante 365 días al año». Además, ha añadido que este tipo de actuaciones se tienen que realizar porque son de interés general.

Por otro lado, el exmagistrado en el Tribunal Supremo ha indicado que la Administración Estatal puede concurrir en una responsabilidad patrimonial por la no realización de las obras. «La responsabilidad penal es más dudosa, es más difícil, porque obviamente hay que tener en cuenta que se requiere una cierta casi intencionalidad de causar el daño, etcétera, eso es más dudoso», ha puntualizado.

En su intervención, ha apostado porque que la seguridad pública es competencia «exclusiva» del Estado ya que «supone la protección de la integridad física de las personas», algo «fundacional» para un Estado («Si no, nadie pagaríamos impuestos») y porque «la protección y la emergencia están calificadas como un servicio público».

En su opinión, ha expresado, que la competencia para declarar el estado de emergencia nacional corresponde al ministro del Interior, según la ley.

Desde su punto de vista, el Gobierno «estaba facultado para decretar el Estado de Emergencia Nacional» ya que había una serie de circunstancias el día 29 que manifestaban la magnitud de la tragedia. Se ha enzarzado sobre este punto con un cruce de declaraciones con el senador de Compromís Enric Morera que le ha recordado que «todas las sentencias del Tribunal Constitucional indican que hasta que no se declara la emergencia de interés nacional, de acuerdo con la Constitución, la competencia exclusiva es de la comunidad autónoma».

El también catedrático de la Universitat de València ha indicado que sistemas como el ES-Alert se pueden perfeccionar mucho ya que «en los momentos claves» no es demasiado precisa. Aún así, ha recalcado que el Gobierno «podría haberlo activado también». A su vez, ha abogado por tener más disponibilidad de expertos que valoren datos como los proporcionados por la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) «con acuerdo a la emergencia». En su opinión, esta es una de las principales consecuencias que se extraerán de la tragedia.

Por otro lado, ha calificado el sistema de ayudas español «como tercermundista», porque siempre llega tarde. «Llega tarde y falta coordinación», he referido.

En este mismo sentido, ha criticado que el Cecopi no tenga un reglamento de funcionamiento que determine qué imágenes grabar, por ejemplo, o la toma de decisiones. El senador de Compromís la ha respondido que la Agencia Valenciana de Gestión de Emergencias ya tenía un protocolo de emergencias, pero que el Gobierno de Mazón lo eliminó.

Orduña ha reconocido que a la sociedad le falta la cultura de riesgo. «Es una de las cosas que hay que mejorar desde el punto de vista de la normativa», ha dicho.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Juan Valero de Palma, ha recordado en su intervención en el Senado por la comisión de la dana que «sin los embalses España no podría beber» y ha explicado que el 80% de la demanda proviene del agua regulada por las presas. «En general, nosotros lo que queremos es que seamos conscientes de que en España hacen falta embalses», ha enfatizado.

Valero de Palma ha pedido más agilidad en las ayudas a los regantes tras la dana y ha insistido en que se invierta en obras públicas y en que se tendría que hacer un nuevo análisis coste-beneficio de las presas que se eliminaron de los planes, como la de Vilamarxant. Ha pedido que se recojan en los nuevos planes hidrológicos la construcción de 80 infraestructuras hídricas que han sido desechadas.

En su intervención, ha reconocido que ha habido voluntad política por parte de todas las administraciones para ejecutar las ayudas, aunque algunas se estén retrasando por falta de medios. «Pediríamos más agilidad», ha recalcado.

En líneas generales, ha insistido en que los temas de agua sean tratados como «una cuestión de Estado» ya que las obras hidráulicas requieren de varias legislaturas.

Por otro lado, ha recalcado que otra de las patas «fundamentales» de las soluciones es la ordenación del territorio y ha abogado por mejorar los protocolos en especial, los de avisos y emergencias y clarificar las competencias.